LA VULNERABILIDAD DE LA PROLIFERACIÓN DE EFECTIVO

Actualizado: 14 de may de 2018

Autores: Marco Polo/ Guillermo DonJuan Aguirre.

Es innegable que en un país con una economía basada en su mayoría en efectivo y con un sector informal considerable como lo hay en México, aunado a altas tasas regionales de migración., las vulnerabilidades del país ante el riesgo de lavado de dinero son significativas, de ahí la importancia que representan los esfuerzos del gobierno y autoridades financieras para tener un mayor crecimiento en la bancarización de la sociedad y los controles en materia de la prevención e identificación de los operaciones con recursos de procedencia ilícita exigidos a todas las entidades financieras .


De acuerdo con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a México, a pesar de tener un sector financiero bien conectado a nivel regional y un marco regulatorio sofisticado, se presentan desafíos significativos para el régimen antilavado y contra el financiamiento al terrorismo. Por ejemplo, en el sector bancario, el riesgo más alto de lavado de activos lo tienen los bancos más grandes, denominados G-7, seguidos por las casas de bolsa y otros actores como casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero, debido al tipo de actividades y servicios que desarrollan.


Producto de lo anterior las autoridades financieras han incrementado su supervisión, en la revisión de los controles anti lavado de dinero al interior de las entidades financieras, llevando a cabo el mayor número de auditorías, para verificar e impulsar el crecimiento de los estándares en dichos controles.


En ese sentido, GAFI detalló que: “Los bancos del G-7 representan alrededor de 80% del total de los activos bancarios. Los bancos del G-7 cuentan con productos y servicios con características de riesgo (por ejemplo, se pueden realizar operaciones en efectivo, operaciones de cambio, transferencias nacionales e internacionales, operaciones a través de comisionistas; productos o servicios que permiten que al menos una de las partes de la operación no sea identificada)”.

GAFI considera que los niveles de efectivo que se manejan en el país, en especial en las áreas geográficas donde el G-7 tiene un alto porcentaje de reportes de operaciones en efectivo (en pesos y en dólares), y que involucran operaciones en áreas donde existe un alto nivel de delitos con riesgo de lavado de dinero.


Lo anterior, implica para el sistema financiero mexicano un desafío importante que representa la constante colaboración de las autoridades competentes en la materia, que conlleva la separación de flujos delictivos y los flujos lícitos, además de tener como uno tema prioritario el control del volumen de contrabando de dólares estadounidenses.


Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Hacienda, con fecha 24 de febrero de 2017, ha hecho obligatorio para las Instituciones de Crédito, establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades financieras derivado de sus productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan; con criterios para la identificación, medición y mitigación de los riesgos a que están expuestas.


“Si bien existen por parte del gobierno varios programas e iniciativas (para trasladar las actividades informales la economía formal, como también políticas de inclusión financiera que mejoran el acceso y uso de productos y servicios financieros) que mitigan parte del riesgo de lavado de activos asociado con la economía informal, la proliferación de efectivo, la facilidad con la que se le puede mover y una reticencia de ciertas personas a usar el sistema financiero, constituyen vulnerabilidades significativas”, detalló GAFI.

Por último, el propio GAFI, mencionó que el sistema de justicia penal no arroja resultados suficientemente satisfactorios en algunas áreas, por ejemplo, las tasas de decomisos y condenas, en este contexto Al respecto México señaló, que ya se empieza una discusión a nivel nacional, que pide la revisión de las posibles omisiones o procesos incorrectos, del nuevo proceso penal acusatorio.

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