PREOCUPA IDENTIFICACIÓN LIMITADA DEL BENEFICIARIO FINAL

Actualizado: 14 de may de 2018

Autores: Marco Polo/ Alma Rosa Pérez Caballero.


Es una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, identificar a la persona que está detrás de una transacción que implica movimiento de dinero, como consecuencia las autoridades mexicanas están haciendo importantes esfuerzos para combatir y prevenir el lavado de dinero.


De acuerdo con la última evaluación que el GAFI hizo a México, en el país se identifica al beneficiario final, toda vez que en la actualidad las autoridades han promulgado modificaciones a la normativa financiera corrigiendo y adicionado a las Disposiciones de Carácter General requerimientos que tienden a asegurar la existencia de una adecuada información, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas físicas, para que las mismas autoridades puedan tener acceso a dicha información en forma oportuna, lo que influye sistemáticamente en la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


Asimismo, para las personas morales consideradas de alto riesgo, las instituciones financieras tienen información sobre la propiedad legal de los clientes corporativos, y se conocerá plenamente a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad.


En el caso de las actividades y profesiones no financieras designadas, las autoridades están trabajando para que las empresas cumplan de la misma forma en identificar a los beneficiarios finales.


EL USO DE EMPRESAS FANTASMA

De acuerdo con GAFI, los métodos típicos de lavado de dinero incluyen el uso de empresas pantallas y ficticias con la finalidad de ocultar al beneficiario final, la compraventa de inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de efectivo entre México y Estados Unidos. El reporte resaltó que en México existe una gran cantidad de medidas para prevenir el uso indebido de personas morales y otras estructuras jurídicas; por ejemplo, la constitución de personas morales debe realizarse a través de notarios o corredores públicos, que a su vez están sujetos al marco normativo antilavado.


Asimismo, en el caso de los fideicomisos, los fiduciarios sólo pueden ser instituciones financieras, que están sujetas al marco normativo antilavado, y todos los fideicomisos que administran recursos deben estar registrados en el Registro Federal de Contribuyentes.


Pese a esto, es necesario reforzar las medidas disponibles para que sean totalmente efectivas, abordando los riesgos del uso indebido de personas y estructuras jurídicas, considerando lo siguiente:


El organismo ejemplificó que al momento de transferir acciones en una sociedad, si no hay cambios en los documentos de constitución y en el capital, no hay obligación de que participe un notario. “Esto impacta en la capacidad de las autoridades competentes de obtener información actualizada incluso del nivel más básico con respecto a la titularidad legal de las sociedades en forma oportuna”.
Asimismo, GAFI acotó que el nivel de cumplimiento con las obligaciones del beneficiario final es débil. “Dado que los notarios son el elemento central para garantizar la precisión y la autenticidad de la información que se presenta a los registros federales, esto genera dudas acerca de la precisión de esta información”.

Otra medida que dificulta la oportuna identificación del beneficiario final de una Sociedad es que generalmente las autoridades dependen de técnicas investigativas o de asistencia internacional que requieren de tiempo y, por lo tanto, no se garantiza el acceso oportuno a la información sobre el beneficiario final.


Sobre el particular, las autoridades deberán trabajar también el marco normativo en relación con las sanciones específicas por el incumplimiento con la obligación de mantener un registro de accionistas o miembros y de actualizarlo en consecuencia (para personas morales) y con respecto a las de los notarios e instituciones financieras que actúan en su capacidad de fiduciarios para una aplicación de manera efectiva.

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