MARCO LEGAL DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y AUTOEVALUACIÓN

Actualizado: 1 de abr de 2019

Autora: Martha Figueroa López-Fundador de COMPLIANCE WE ARE.

Cuando el sistema está fallando, las empresas deben hacer más para construir confianza.

Edelman Barómetro Confianza, 2017


En consonancia con la tendencia internacional, en los últimos 20 años en México se han establecido instituciones y normativa de calidad mundial en materia de lavado de dinero, competencia económica y derecho a la transparencia y privacidad de datos, que si bien los lectores jóvenes pudieran pensar son lineamientos base de cualquier sociedad, en nuestro país cuentan con apenas unas décadas de vida. Y reflexiono esto porque algo parecido está pasando en materia anticorrupción, hace tan solo tres años el país tuvo su primer gran triunfo en este terreno con el establecimiento del Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA), mecanismo que coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar este delito. Sí, por primera vez se acordó unir esfuerzos institucionales y se reconoció la corresponsabilidad de los sectores público y privado para combatir este flagelo. Se lee fácil, pero armar y poner en marcha este engranaje ha requerido y requiere aún un arduo trabajo.


Para dar vida al SNA, y tomando en cuenta las obligaciones que asumió México en 2004 como Estado Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), en 2016 se emitió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece obligaciones y responsabilidades administrativas de funcionarios públicos y personas morales, que pueden hacerse acreedores a sanciones administrativas por su participación en actos de corrupción. La ley establece desde multas económicas hasta posibles disoluciones, sin excluir la posibilidad de sanciones civiles y penales. La gravedad de la sanción depende del nivel de participación de la organización en el acto, los beneficios obtenidos y la existencia de programas de integridad.


De manera paralela, se reformaron el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales (2016) para establecer que una empresa puede incurrir en responsabilidad penal derivada de su participación en diversos delitos -incluyendo, sin limitar, el cohecho y el tráfico de influencias- y que podrá disminuir la pena en caso de que demuestre contar con un programa de control interno para mitigar estos riesgos, entre otros atenuantes.


Más aún, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó un Modelo de Programa de Integridad Empresarial (junio 2017) que contempla lineamientos generales para que el sector privado diseñe e implemente políticas de integridad.


Tanto la LGRA como el Modelo de Programa de Integridad Empresarial mencionan que dichas políticas de integridad deben contar con:


1) Un manual de organización y procedimientos, 2) Un código de conducta 3) Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, 4) Sistemas adecuados de denuncia, 5) Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, 6) Políticas de recursos humanos y 7) Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

Gráficamente, esto se podría representar así:

Requerimientos del art. 25. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A partir del marco legal citado, invito a evaluar de modo fast track si tu empresa cuenta con un Programa de Integridad para cumplir la nueva legislación y disminuir los riesgos de corrupción:


QUICK TEST




  • ¿En qué grado de control se encuentran los riesgos de corrupción en tu empresa?

  • ¿Los tomadores de decisiones conocen los umbrales de riesgo?

  • ¿Tu empresa tiene algún código o estándares establecidos? ¿Son conocidos por colaboradores y terceros? ¿Guardas evidencia de su distribución y cumplimiento?

  • ¿La Dirección General, los mandos medios y operativos están comprometidos con la Misión, Visión y Valores de tu empresa en su actividad diaria y toman decisiones congruentes con éstos?

  • ¿Estás cumpliendo satisfactoriamente con la normatividad nacional e internacional en materia de anticorrupción? ¿Tu empresa está preparada para cumplir los retos regulatorios?

  • ¿El concepto de conflicto de interés en los negocios está regulado, entendido y socializado? ¿Existen mecanismos para evitarlo? ¿Cuentas con políticas de resolución en caso de presentarse?

  • ¿Cuentas con un órgano de auditoría, área de control interno y procesos para identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos de corrupción? ¿Se emiten reportes de las áreas de mejora?

  • ¿Trabajas con proveedores que actúan en tu nombre? ¿Cuentas con controles y das seguimiento a sus actividades? ¿Eres Proveedor de alguna empresa extranjera con regulaciones de Anticorrupción?

  • ¿Tienes programas de capacitación y comunicación para los colaboradores en materia de integridad?

  • ¿Hay políticas que definen por escrito los roles y las responsabilidades de los colaboradores en procesos estratégicos/críticos?

  • ¿Existe algún canal de denuncia? ¿Es eficiente? ¿Se generan indicadores?

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