ACTIVIDADES VULNERABLES, SU ANTECEDENTE EN MÉXICO

Autor: Por: Claudio López Vie.


Imagínese que se encuentra en la final de un campeonato de fútbol, de forma atípica, un equipo experimentado está disputando con una alineación de nueva división, no vamos a entrar en detalles sobre los colores o nombres de equipos participantes (no quiero tener con usted algún problema a escasez tres líneas del artículo), ahora visualice que el campo de fútbol es nuestro territorio mexicano perfectamente delimitado por la distancia entre 100 y diez metros, donde las porterías fungen como nuestro sistema económico, el balón ahora debe ser considerado como como el dinero que no está cuantificado en el sistema financiero, aquel que es resultado de operaciones que podemos suponer proceden de algún delito o transacción que escuchamos y vemos en nuestro día a día a través de las noticias, en persona o rumores de fuente cercana, ese dinero que posiblemente se encuentre ligado a actos de corrupción, narcotráfico, simulación fiscal o cualquier delito financiero o patrimonial, recursos a los cuales los llamaremos dinero sucio.


Para concretar nuestro partido de final, debemos señalar a nuestros jugadores, por un lado el equipo experimentado que se encuentra formado por el sistema financiero con grandes nombres internacionales como el estadounidense Citi, los españoles Santander, BBVA, o el británico HSBC, entre otras estrellas (ni el Real Madrid en tiempos del equipo galáctico tendría tantas figuras para representar a nuestro equipo, disculpe si se ofende al señalar este referente), y por el otro lado un catálogo de jugadores aparentemente desconocidos que vienen a retar a los experimentados, entre los jugadores citaremos a figuras como Casinos, Abogados, Notarios, Corredores, Blindaje de autos, etc.; ¿difícil de coordinarse entre unos y otros? ¿Estarían jugando entre similares?, a estos equipos debemos de agregar los nombres de los porteros de cada uno de ellos, para el primero debemos citar al quizás más experimentado: la CNBV y por el otro al recién facultado S.A.T, los cuales cuidarán y velarán que el dinero sucio antes referido no entre a sus porterías, es decir, al sistema económico. Usted y yo, como seguidores de cualquier equipo hemos considerado quizás muchos pensamientos relacionados a la eficiencia, trayectoria, su capacidad de juego o hasta la marca de los uniformes de los equipos, ¿cuál sería el ganador de este encuentro?, ¿Usted en qué equipo confiaría?, dicho cuestionamiento se hizo el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (G.A.F.I.), al sistema económico y financiero internacional, organismo que de acuerdo a sus estatutos, busca coordinar y establecer estándares internacionales para el combate del fenómeno del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.


A partir de los estándares internacionales de G.A.F.I., el organismo utiliza herramientas para recomendar y evaluar a los países miembro con el fin de describir y analizar las medidas ante los niveles de cumplimiento de cada nación, es con esto que nacen las 40 recomendaciones internacionales en el año 2003 y su entonces nueve recomendaciones especiales ligadas al financiamiento al terrorismo, como herramienta adicional, se realizan evaluaciones mutuas entre países con el apoyo de organismos internacionales y expertos que realizan su informe. El sistema gubernamental y de sector privado de México fue evaluado por el G.A.F.I. durante el período del 14 al 30 de enero de 2008 con apoyo de tres grupos especiales del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y asesores dentro que los que figuraron Richard Lalonde, del departamento legal del FMI, Mariano Federici, oficial de asistencia y observadores del Departamento de Justicia de los EE.UU. y de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, creado a semejanza del G.A.F.I.); el objetivo primordial: medir el impacto de las medidas implementadas en México para el combate del fenómeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo desde los orígenes del marco jurídico, de cooperación institucional, lineamientos, así como la efectividad del sistema preventivo financiero y no financiero.


Los elementos clave que se determinaron en la evaluación del año 2008, arrojaron resultados suficientes para reconocer la capacidad económica de la delincuencia organizada en México, así como las oportunidades en materia de congelamiento de activos, sentencias mínimas condenatorias dada la amplia cobertura de la delincuencia y el uso de recursos económicos, tecnológicos y humanos, minimizando los aplicados por el Estado mexicano por las unidades de investigación como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, antes del cambio de nombre en 2012 por Subprocuraduría Especializada) y la Unidad de Inteligencia Financiera (U.I.F.), para lograr un eficiente combate, además del gran reto para el registro de actividades económicas para el S.A.T., y el aumento del uso de vehículos crediticios como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiples, No Reguladas (SOFOMES E.N.R.).



Sin embargo un elemento que generó mayor preocupación para el Estado y el organismo observador, fue la omisión en el sistema preventivo de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD dentro de la Recomendación 12, GAFI 2003) las que se adaptan al esquema mexicano regulatorio años después, como las llamadas actividades vulnerables. Estos actores económicos se encontraban fuera del sistema preventivo, salvo la obligación de reporte de transacciones en efectivo al S.A.T. a un máximo de 100 mil pesos mexicanos de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el reporte de los notarios sobre adquisiciones y bienes sin distinción de forma de pago, esta omisión detectada por G.A.F.I., permitiría cerca de cinco años después, la gestación de una Ley particular que fomentó el debate y confusión de ciertos actores económicos e involucrados, la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.


En la evaluación antes citada, el G.A.F.I. alertó de forma adicional sobre la poca o nula información relacionada al mercado de las ahora llamadas actividades vulnerables, donde los casinos, agentes de bienes y raíces, traficantes de metales o piedras preciosas, notarios, abogados, profesionistas legales independientes, contadores, proveedores de servicios de compañías, no se encontraban sujetos al régimen de prevención, acción que motivó la iniciativa de Ley por parte del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el día 26 de agosto de 2010 para su presentación a la Comisión Permanente, siendo el día 17 de octubre del año 2012 su expedición bajo el nombre de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con dos firmes propósitos: (i) dotar a nuestro país de instrumentos para el combate del fenómeno del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y (ii) posicionar a México como un referente sobre la implementación y cumplimiento de compromisos internacionales, lo anterior con un enfoque preventivo y adición de facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; su objeto radicó en la protección del sistema financiero y la economía nacional. De acuerdo con el organismo y la evaluación realizada durante el año 2008, la fuente principal de los recursos de procedencia ilícita en México se originó a partir de la producción y tráfico de drogas del puente transaccional entre Sudamérica y los EE.UU., delitos que con base en el estudio de técnicas utilizadas por los criminales para cometer el lavado de dinero, con mayor frecuencia son utilizados a partir del contrabando de efectivo fronterizo en la colocación de recursos estructurados e introducidos en el sistema financiero local para exportación de capitales hacia Colombia y Brasil utilizando la facilidad y flexibilidad conocida que entrega Panamá para dicha exportación por medio de figuras offshore.


La herencia calderonista de la citada Ley entró en vigor el 17 de julio de 2013, sucedió justo dos días después de la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 de los Zetas involucrado en delitos de homicidio de indocumentados, así como el del hijo del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira y su participación en el conocido ataque del Casino Royale en Monterrey; a palabras expresas de Enrique Peña Nieto de que irían por todos los capos de la droga y ante el reconocimiento de su símil de EE.UU., entrevistado por León Krause desde la ciudad de Los Ángeles, felicitando los esfuerzos del combate del narcotráfico transnacional, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita enlistó un catálogo de actividades económicas de los llamados gatekeepers, (el equipo que tiene al S.A.T. como portero), donde las personas físicas y morales a través de clientes y usuarios sujetos a dicha ley procurarán evitar la entrada de dinero sucio con los supuestos de identificación de umbrales determinados para la restricción de uso de efectivo y presentación de avisos. Es importante señalar que a medida de la entrada en vigor de la Ley, actores económicos y sociales se han proclamado en contra de las obligaciones, debido a que consideran que este es solo desde un enfoque fiscal o de supervisión de ingresos para más de 60, 000 registros de las nacientes actividades vulnerables, sin embargo es importante reforzar la postura que en distintos foros y pronunciamientos oficiales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del S.A.T. en últimas fechas, han invitado a los sectores a pronunciarse e incluso a registrarse a través de un Programa de Autorregulación el cual permitiría acotar la entrada de recursos de posible origen ilícito debido a que a pesar de la entrada en vigor a más de cinco años, diversas actividades han omitido o desconocido sus obligaciones.


Dentro de la recomendación del G.A.F.I. que dio nacimiento a la propuesta de Ley del Presidente Calderón, a partir de la carencia de un marco regulatorio y jurídico para estas actividades económicas, el catálogo de los actores fue considerado con base en la vulnerabilidad, los reglamentos y mecanismos dentro de las prácticas mercantiles en un momento histórico donde la delincuencia organizada sobrepasó la atención de autoridades y exigencias corporativas para la sana economía de nuestro país ante el uso de efectivo. Dentro de las obligaciones citadas en la Ley, se encuentran la plena identificación a clientes y usuarios a partir de ciertos montos, resguardo de información, presentación de avisos sobre descripción de operaciones, confidencialidad, controles internos, entre otros; las conductas y sanciones sobre incumplimientos, información y documentación falsa o alterada y la divulgación de información sobre avisos y requerimientos sin autorización de la autoridad son el eje estructural de la Ley así como la designación de una figura similar al de Oficial de Cumplimiento delimitado en el sector financiero.


En compañía de sus reglas y reglamentos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se complementa con las Disposiciones que dictan tanto el Código de Comercio, Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, marco regulatorio que permite a las Autoridades realizar la debida diligencia sobre la actividades económicas, que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México del año 2016, ha permitido la detección de aquellas de mayor riesgo para enfocar los recursos humanos y económicos en los sectores de compra y venta de vehículos, mutuo, préstamo o crédito y transmisores de Derechos sobre Inmuebles, el cual representa el 40 % de la actividades vulnerables.


A su criterio traslado la opinión sobre este final de campeonato, del cual al ser relativamente nuevo en materia de conceptos, tendremos que familiarizarnos y concientizar que nuestro país representa dos grandes retos sobre el fenómeno de lavado de dinero: (i) la delincuencia organizada transnacional y (ii) las vulnerabilidades que presenta el sistema financiero y económico, si hablamos del capital o dinero sucio circulando en la informalidad de las actividades, podrá sorprenderse acerca de la falta de datos que nos permitan aproximar en cantidades los recursos de procedencia ilícita, sin embargo, a pesar de no contar con cantidades exactas ni el atrevimiento oficial de organismos internacionales o locales, nuestro país se encuentra en el tercer lugar de exportación de capitales sólo detrás del gigante asiático y de Rusia; en términos macroeconómicos la introducción de los recursos de procedencia ilícita en la esfera financiera deriva a un simulación productiva y económica, afectando a la sociedad en términos de desigualdad y de la falta de recaudación tributaria ante el reto de supervisar un número cuantioso de sectores económicos catalogados en la Ley.


El balón está en el aire.


El autor es Profesional de Compliance con más de nueve años de experiencia en los dos segmentos del sistema económico de México (financiero y actividades vulnerables), ha trabajado en diferentes mercados para el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales desempeñándose en posiciones estratégicas como la supervisión operativa de Compliance para Europa, Medio Oriente y África (EMEA) en American Express Company, empresas de casinos y como Oficial de Cumplimiento para Navix de México, S.A. de C.V. SOFOM ENR., actualmente es Oficial de Cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


Es licenciado en Administración y cuenta con un posgrado en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el INACIPE; estudia el noveno semestre de la carrera de Economía para la Universidad Nacional Autónoma de México.


Referencias


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